Colombia, al igual que muchos otros países, cuenta con una separación de poderes en tres ejes o ramas del poder público las cuales son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Esta separación es importante para que no haya interferencias y cada rama pueda funcionar de manera autónoma, permitiendo el libre desarrollo de las actividades propias de cada rama sin que haya presiones u obstáculos provenientes de algún sector que pertenece a otra rama del poder público. La rama judicial se encarga de administrar la justicia, siendo la Fiscalía General de la Nación la entidad más importante en esta rama, ya que se encarga de acusar y llevar ante la justicia a personas que presuntamente hayan cometido delitos, incluso si esa persona es el presidente de turno. El Fiscal General de la Nación es escogido por la Corte Suprema de Justicia, pero los candidatos a ese cargo son propuestos por el Presidente de la República, y es aquí donde hay un gran problema, ya que siempre esos aspirantes al cargo son amigos del presidente de turno, hacen parte de su partido político o son familiares, lo cual causa un gran conflicto de intereses, ya que quien va a administrar la justicia en un país no puede hacerlo de forma objetiva cuando de investigar u acusar al presidente se trata, ya que fue el mismo presidente quien lo puso en ese cargo. Se requiere un cambio urgente en este sentido y se debe cambiar la manera en que se escoge la terna que va a aspirar a convertirse en Fiscal General, puesto que solo de esta manera se puede evitar que los presidentes se burlen de la justicia de cualquier país, poniendo fiscalías de bolsillo, lo cual le permite delinquir sin castigo para él y sus amigos.
Tenemos miles de ejemplos en Colombia de este problema de conflicto de intereses que genera la manera en la que se escoge Fiscal General, y es que, aunque los medios tradicionales traten de ocultarlo, es claro que muchas investigaciones sobre presuntos delitos cometidos por anteriores presidentes han sido archivadas por el mismo Fiscal General de turno, con toda la intensión de ayudar y ocultar pruebas que son contundentes y que cualquier fiscal serio, que no estuviera impedido por la manera en que llegó al cargo, tendría en cuenta. La llamada “Ñeñepolítica” es la muestra de todo lo anteriormente mencionado, y es que presuntamente a la campaña del expresidente Iván Duque entró mucho dinero de forma irregular, suceso en el que estaba involucrado el narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández, lo cual es gravísimo, y sin embargo es evidente que la Fiscalía no investigó con rigor estas acusaciones, tomando el papel de defensora del expresidente Duque y no de acusadora, lo cual demuestra que un fiscal que es elegido por el presidente no puede actuar de manera correcta, transparente y efectiva. Se requiere un cambio urgente.
No solamente el presidente puede escapar de señalamientos e investigaciones cuando tienen a la Fiscalía comprada, puesto que los amigos y los partidos que son afines al presidente siempre se benefician de esto, y es que el presidente puede ejercer presión en la Fiscalía en ciertas investigaciones que se llevan a cabo en contra de amigos y conocidos, para que el proceso se dilate y las investigaciones no avancen, y es que esto queda clarísimo en el caso de otro expresidente llamado Álvaro Uribe Vélez, el cual está presuntamente involucrado en el delito de soborno y fraude, y donde, para sorpresa de nadie, todos los fiscales han tratado archivar su caso, esto porque el expresidente siempre ha sido muy cercano al poder presidencial (con excepción del actual presidente Petro) y ha podido ejercer su influencia para obstaculizar la justicia, y es que es claro que hay pruebas muy contundentes que podrían comprobar que efectivamente se cometió el presunto delito del cual acusan a Uribe.
Se requiere un cambio urgente en la manera en que se escoge al Fiscal General de la Nación, puesto que no podemos seguir permitiendo que el presidente y sus amigos se sigan burlando de la justicia. Está muy mal que la Fiscalía no investigue con celeridad los casos en donde sus amigos estén involucrados, pero sí lo haga cuando son opositores del gobierno de turno o del funcionario que los ayudó a llegar a la Fiscalía. La justicia debe ser igual para todos.
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