La economía mundial no es la más estable desde hace varios años, y las consecuencias de esto no solamente se están viendo en los países en vía de desarrollo, sino que también es algo palpable en las grandes potencias y en los países altamente desarrollados o del primer mundo, como también se les llama, razón por la cual es cada vez más usual que muchas personas que viven en estos países desarrollados migren a países en vía de desarrollo, ya sea porque tienen un trabajo que pueden desarrollar de forma remota o porque simplemente tienen independencia económica. Medellín o Ciudad de México son destinos muy apetecidos por estos extranjeros con un nivel socioeconómico claramente más alto que la gran mayoría de los ciudadanos propios de estas ciudades anteriormente mencionadas, por lo que este éxodo masivo está teniendo un impacto negativo en el tema de la vivienda y en el costo de vida en general, ya que los alquileres suben de precio por consecuencia de esta afluencia de dinero del extranjero, lo cual sí que moderniza muchas áreas de la ciudad, pero desplaza a muchos residentes que habían vivido en esas ciudades desde hace años, ya que no pueden pagar un alquiler tan costoso ni tienen los recursos para sobrellevar ese nivel de vida: a todo este fenómeno se le llama gentrificación. Por todo lo anterior es que se necesita un control mucho más estricto por parte de los gobiernos para limitar el costo de los alquileres y así poder hacerle frente a este problema de la gentrificación.
Un trabajador estadounidense que gana 2.000 a 2.500 dólares mensuales es una persona que estaría ganando lo justo y necesario para poder sobrevivir en dicho país, puesto que el costo de vida, aunque claramente varía según la zona del país, en general es bastante alto, pero si ese mismo trabajador puede realizar ese trabajo de forma remota en, por ejemplo, Ciudad de México, claramente viviendo allí puede tener un nivel de vida mucho mejor que en Estados Unidos, puesto que el costo de vida y de alquiler es mucho más accesible, y esta es la razón por la que miles de personas migran a Colombia o México, aumentando así los costos de vivienda por el aumento de la demanda, pero a un nivel que es ridículo, puesto que en Medellín, por ejemplo, se están ofreciendo “apartestudios” que en realidad son depósitos, tan pequeños que no cabe ni una cama, demostrando así el nivel de cinismo y avaricia de los propietarios, que solo quieren aprovechar la situación y ganar mucho más dinero. Ante este panorama es indiscutible que los realmente afectados por todo esto son los ciudadanos que han vividos por décadas, o más, en estas ciudades que actualmente viven este fenómeno de la gentrificación, puesto que, al no ganar miles de dólares al mes, al no tener la solvencia económica que sí tienen los extranjeros, claramente no pueden pagar arriendos tan absurdamente altos, por lo que la única opción que tienen es desplazarse hacia lugares de la ciudad mucho más modestos o migrar a otras ciudades en donde este fenómeno de la gentrificación no esté tan extendido.
Es criminal que los gobiernos no estén haciendo nada por sus ciudadanos y que ni siquiera se hable de las miles de personas que sufren por quedarse sin donde vivir, por culpa de este éxodo masivo de extranjeros y de los arrendatarios avariciosos, y es ahí precisamente, donde los gobiernos deben actuar, teniendo un control más estricto sobre los precios de los arriendos ya que dichos precios se están saliendo de control y son un abuso en contra de los ciudadanos locales, los que siempre han vivido en esas ciudades y representan su cultura y tradiciones. Con esto no estamos diciendo que se les deben cerrar las puertas a los extranjeros, sino que el control en los precios de los alquileres debe ser regulado estatalmente para que no se atropellen los derechos de los ciudadanos y para que los arrendatarios no cometan abusos y suban los precios de forma arbitraria.
Es claro que el problema de la gentrificación es complejo, pero si los gobiernos no comienzan a limitar los precios de estos arriendos tan costosos inevitablemente tendremos cada vez más ciudadanos desplazados por la gentrificación, lo cual es triste porque el Estado debe amparar y proteger el derecho a una vivienda digna, pero no lo está haciendo, y es que parece que está más preocupado porque la economía crezca, sin importar o prestarle atención a las consecuencias negativas que trae dicho crecimiento económico.
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